El eurodiputado español Hermann Tertsch denunció este viernes que sectores del chavismo continúan imponiendo restricciones contra el abogado Perkins Rocha, a pesar del proceso de transición política en Venezuela. Tras un primer intento frustrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Tertsch logró finalmente ingresar a la residencia del abogado en Caracas para visitarlo y constatar personalmente las condiciones en que se encuentra.

Rocha permanece bajo arresto domiciliario después de haber estado recluido en El Helicoide, con vigilancia policial en su domicilio y una argolla electrónica en su tobillo. Tertsch vinculó estas medidas restrictivas con la actividad de Rocha como defensor legal de María Corina Machado, argumentando que responden a la resistencia de sectores del régimen a perder el control político. El eurodiputado del partido Vox criticó duramente lo que calificó como un castigo grotesco contra un hombre que sufrió cautiverio en El Helicoide por defender a la líder opositora.

La visita se concretó después de los obstáculos del jueves anterior, cuando Tertsch y el eurodiputado Jorge Martín Frías fueron impedidos de entrar a la vivienda por agentes policiales. El cambio de situación fue posible gracias a miembros del gobierno interino venezolano que facilitaron el encuentro, según afirmó Tertsch. El parlamentario interpretó esto como una señal de que funcionarios de la administración interina entienden que el tiempo de la brutalidad criminal ha pasado y que sabotear la transición es inútil.

Tertsch cerró su pronunciamiento demandando la libertad inmediata de Perkins Rocha y reafirmando su convicción sobre el proceso político en Venezuela. El eurodiputado manifestó que espera y demanda que se levanten todas las restricciones contra el abogado, enfatizando que la transición venezolana hacia la democracia es un proceso imparable que no puede ser obstaculizado por los rezagos del régimen chavista.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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Humberto Villalobos, arquitecto caracaleño nacido en 1957, se ha convertido en un aliado clave de María Corina Machado en la reconstrucción del censo electoral venezolano. Durante dos décadas ha investigado las irregularidades del Consejo Nacional Electoral desde los tiempos de Hugo Chávez, documentando sistemáticamente los problemas del sistema de votación en Venezuela. Su dedicación obsesiva comenzó tras presenciar lo que considera fue el primer gran fraude electoral del país durante el referéndum revocatorio de 2004, cuando observó inconsistencias flagrantes entre el voto mayoritario en su centro y los resultados finales reportados por las máquinas.

Villalobos fue el arquitecto intelectual del plan que permitió demostrar la victoria de Edmundo González y denunciar el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Este proyecto monumental requirió la colaboración de 600.000 personas que recopilaron y organizaron las actas electorales de todo el país, creando un registro paralelo que contradecía la narrativa oficial del régimen. Su trabajo meticuloso proporcionó pruebas documentales del fraude electoral más reciente en Venezuela.

Actualmente, Villalobos lidera la plataforma Constructores, una iniciativa digital que busca actualizar el registro de ciudadanos venezolanos dispersos por el mundo. Según sus cálculos, aproximadamente 10 millones de venezolanos quedarían excluidos del proceso electoral si no se actualiza el censo. La plataforma permite que los emigrados «alcen la mano y digan: aquí estoy», facilitando que participen en futuras elecciones transparentes. Esta iniciativa es fundamental para garantizar que todos los venezolanos, incluidos los millones en el exilio, tengan derecho al voto en procesos electorales con garantías.

Machado y González han retomado esta reivindicación como parte de su agenda política, incluyéndola en la Declaración de Madrid presentada en la XXX Cumbre Iberoamericana. El objetivo es evitar un posible fraude orquestado por Delcy Rodríguez y asegurar que las próximas elecciones, aún sin fecha definida, se realicen con transparencia y participación de todos los venezolanos. El trabajo de Villalobos representa un esfuerzo sin precedentes por democratizar y legitimizar el proceso electoral venezolano frente a la manipulación histórica del régimen.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, mantenía una relación excepcional de acceso directo con el presidente Donald Trump. Se reunían regularmente, viajaron juntos al Reino Unido y Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante su visita a China en mayo. Esta proximidad lo convertía en una voz influyente en debates cruciales sobre exportaciones de tecnología estadounidense hacia China, posicionándolo como un consejero de facto en asuntos de seguridad nacional.

Nvidia fabrica los chips que impulsan la revolución de la inteligencia artificial, tecnología crítica que Washington restringe desde 2022 para evitar que China desarrolle capacidades militares avanzadas. Sin embargo, las restricciones son difíciles de aplicar porque clientes de terceros países pueden comprar legalmente estos chips en Singapur o Malasia y redirigirlos hacia China. Huang argumentaba consistentemente que estas prohibiciones eran contraproducentes, pues excluían a Nvidia de un mercado masivo e incentivaban a empresas chinas a desarrollar alternativas propias.

Trump pareció receptivo a esta posición y autorizó a Nvidia a reanudar ventas de ciertos chips a China el año pasado a cambio de un porcentaje de ingresos, aunque los chips Blackwell más avanzados permanecen restringidos. No obstante, esta colaboración se ha complicado significativamente con revelaciones de una supuesta relación sentimental entre Huang y Alice Huang, exejecutiva de la empresa Megaspeed con sede en Singapur.

Según reportes de inteligencia estadounidense, Alice Huang posee vínculos con agencias de inteligencia china, lo que sugiere una operación dirigida contra un empresario con acceso inusual al presidente estadounidense. Aunque la junta directiva de Nvidia sostiene que no hay evidencia de robo de secretos corporativos o compromisos de seguridad nacional, este incidente genera interrogantes críticas sobre qué conocía Washington y qué medidas tomó para proteger la seguridad nacional frente a posibles operaciones de inteligencia extranjera.

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original

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Hollywood liberal ha pasado los últimos años adaptándose al cambio de dirección política impulsado por el auge y caída de Donald Trump. La industria del entretenimiento se cuestionó si había perdido contacto con la audiencia que se suponía debía informar y entretener. Aunque los resultados de las elecciones intermedias mostraron un giro hacia los demócratas, la industria mantiene una actitud cautelosa y no parece dispuesta a celebrar excesivamente esta victoria política.

A pesar del alivio momentáneo en algunos sectores, Hollywood enfrenta múltiples desafíos que limitan su capacidad de disfrutar del respaldo político. La consolidación corporativa, los despidos masivos y la amenaza creciente de la inteligencia artificial han debilitado significativamente la confianza de la industria. Los productores reconocen que existe una sensación de alivio temporal, pero prevalece una cautela generalizada sobre el futuro inmediato del sector.

La administración Trump ha dejado claro que Hollywood debe alinearse con la visión cultural y política presidencial, utilizando plenamente sus poderes regulatorios incluso en decisiones sobre fusiones corporativas. Este cambio ha generado un giro notable en la industria que previamente había adoptado una postura progresista enfocada en diversidad y representación inclusiva. Lo que fue considerado como cine "despierto" y comprometido con la igualdad ha cedido terreno a una narrativa diferente.

El retroceso en representación ha sido significativo y documentado. Los avances en inclusión de mujeres en posiciones de autoridad, personas de color tras cámaras y personajes LGBTQ+ se han estancado o revertido. Un estudio reciente de GLAAD revela que ninguno de los siete personajes trans de la temporada 2025-26 de televisión regresará, ejemplificando cómo la industria ha abandonado sus compromisos previos con la diversidad y la representación equitativa.

Fuente: NYT — Ver nota original

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El mediocampista venezolano Telasco Segovia, quien milita en Inter Miami de la Major League Soccer, fue nominado al premio Humanitario del Año de la MLS 2026. Esta distinción reconoce el compromiso de los jugadores con iniciativas sociales y comunitarias. Segovia figura entre los cinco finalistas por su participación activa en las labores de asistencia a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela en junio de este año.

Segovia se encontraba en su país cuando ocurrieron los movimientos sísmicos del 24 de junio, con epicentros registrados en zonas de La Guaira y Yaracuy. Ante la emergencia, el futbolista decidió permanecer varios días adicionales para colaborar personalmente con las personas damnificadas y participar en las tareas de ayuda en las comunidades más afectadas. Describiendo el impacto de la experiencia, Segovia expresó en una rueda de prensa: "Fue una de las cosas más feas que he visto en mi vida. Nunca vi algo igual, no es igual verlo por teléfono, a vivirlo".

El compromiso solidario del jugador no se limitó a la asistencia directa en Venezuela. Segovia participó activamente en la movilización de recursos desde Estados Unidos y convocó a sus compañeros de equipo para respaldar iniciativas solidarias. Inter Miami, a través de su fundación y en colaboración con Global Empowerment Mission (GEM) y la ciudad de Doral, organizó una campaña de recolección de suministros que en apenas siete días reunió donaciones suficientes para llenar cinco camiones de carga de 20 pies, incluyendo 50 palés de agua y tres palés de artículos esenciales.

Adicionalmente, Segovia ayudó a recaudar fondos mediante una camiseta especial de Inter Miami con los colores de Venezuela, firmada por los integrantes del primer equipo. Más de 50 voluntarios, incluyendo empleados del club, entrenadores de la academia y jugadores, participaron en esta jornada solidaria. El venezolano expresó su preocupación continua por las familias que perdieron sus hogares y seres queridos, asegurando: "Sigo ofreciendo todo mi apoyo y espero que las cosas mejoren para esas familias y esos niños que perdieron a sus familiares".

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Un fuerte sismo de magnitud 4.2 sacudió a Colombia este viernes 13 de noviembre, con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima. El movimiento telúrico se registró a las 3:01 de la tarde con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El temblor provocó la evacuación inmediata de varios edificios públicos en la zona.

Las evacuaciones se llevaron a cabo en inmediaciones del edificio de la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas. Varios medios de comunicación en Colombia registraron las imágenes de los ciudadanos abandonando las estructuras como medida de precaución. Algunas personas reportaron que el temblor se sintió también en Bogotá, especialmente en edificaciones de pisos altos.

Esta es la segunda vez en poco más de una semana que Chaparral es epicentro de un sismo significativo. El pasado 3 de noviembre, la misma zona registró un terremoto de magnitud 5.6 que fue ampliamente sentido en la capital colombiana. Los colombianos permanecen en alerta tras estos movimientos sísmicos continuos en el territorio nacional.

La comunidad científica y las autoridades civiles mantienen una vigilancia constante debido al historial sísmico reciente del país. El pasado 10 de agosto, Colombia sufrió un devastador terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que dejó 331 personas fallecidas. Estos eventos consecutivos han mantenido a la población colombiana atenta a nuevos movimientos telúricos.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó examinar el recurso presentado por la administración Trump contra las decisiones judiciales que declararon ilegal su prohibición de solicitar asilo en la frontera con México. La medida fue promulgada mediante una proclamación presidencial el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia. El Gobierno busca que el máximo tribunal revoque las decisiones de cortes inferiores que invalidaron esta política migratoria.

La orden emitida por la Corte Suprema admite el recurso pero limita su examen a dos de las tres cuestiones planteadas por la administración: la legalidad del veto al asilo y los límites de los tribunales para proteger colectivamente a los afectados. La decisión no se pronuncia aún sobre el fondo del litigio, pero marca un hito importante en esta batalla judicial que define el futuro de las políticas de asilo estadounidenses.

El caso central gira en torno a la potestad presidencial para restringir el acceso al asilo. La legislación federal permite solicitar esta protección a quienes temen persecución en sus países, independientemente de cómo lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno Trump argumenta que puede denegar estas solicitudes de forma general y que no está obligado a tramitar peticiones destinadas al rechazo.

Los abogados de las organizaciones que impugnaron la prohibición defienden que las solicitudes deben evaluarse individualmente y que el presidente no puede impedir unilateralmente que sean presentadas. Las restricciones adoptadas en enero de 2025 han permanecido vigentes durante todo el litigio. Se espera que el Supremo escuche los argumentos de ambas partes en los próximos meses y dicte sentencia antes de que concluya el año judicial en junio de 2027.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

El partido opositor Primero Justicia denunció este viernes la falta de rendición de cuentas del régimen de Delcy Rodríguez respecto al destino de 15.603 millones de dólares en ingresos petroleros. Después de que el chavismo actualizara su plataforma Transparencia Soberana, atribuyó 14.710 millones al pago de salarios y pensiones, sin presentar documentación suficiente para verificar estas operaciones. La organización política cuestionó que, pese a los millonarios recursos declarados, la plataforma no permita identificar con claridad las inversiones realizadas en el país, afirmando que "ni un solo dólar fue invertido al país".

De acuerdo con las cifras divulgadas por la administración chavista, los ingresos acumulados entre enero y noviembre alcanzaron 15.603 millones de dólares, mientras que los egresos ascendieron a 14.860 millones. De estos últimos, 14.710 millones fueron clasificados como pagos a trabajadores públicos y pensionados, y 150,5 millones como gastos de funcionamiento. El saldo disponible se situó en aproximadamente 743 millones de dólares. Sin embargo, Primero Justicia cuestionó la ausencia de soportes verificables para los desembolsos, identificando 45 movimientos consolidados sin facturas, órdenes de pago ni referencias bancarias que permitan comprobar individualmente las transacciones.

La controversia adquiere mayor relevancia con el informe elaborado por KPMG y difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que documentó la administración de más de 12.260 millones de dólares procedentes de recursos naturales venezolanos entre enero y septiembre. Según ese reporte, la mayor parte del dinero desembolsado se canalizó mediante operaciones cambiarias realizadas a través de mecanismos financieros venezolanos. Primero Justicia señaló esa discrepancia y sostuvo que los recursos dirigidos al sector bancario para contribuir a la estabilidad cambiaria no aparecen debidamente explicados en las cuentas presentadas por el chavismo.

Una revisión adicional del portal identificó partidas denominadas "Política Cambiaria" y "compra de billetes USD" dentro de los registros clasificados como salarios, lo que plantea dudas sobre los criterios utilizados para agrupar esos gastos. Ante estas inconsistencias, Primero Justicia exigió al régimen "rendición de cuentas, publicar los soportes verificables de cada operación y explicar el destino real de los ingresos petroleros". La denuncia refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia fiscal en la administración de los recursos naturales venezolanos.

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La esposa del excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, realizó declaraciones públicas al Diario ABC en las que señala directamente al dictador venezolano Nicolás Maduro como presuntamente implicado en el magnicidio de su marido. Según la viuda, el gobierno de Venezuela habría orquestado y financiado el asesinato del entonces senador colombiano, lo que representa una grave acusación contra el régimen madurista.

De acuerdo con las denuncias presentadas por María Claudia Tarazona, la financiación para llevar a cabo el asesinato de Miguel Uribe Turbay provendría directamente desde Venezuela. La viuda especifica que se habrían enviado aproximadamente 1,5 millones de dólares con el propósito de costear la ejecución del crimen, lo que sugiere una operación planeada y coordinada desde el gobierno de Maduro.

Estas acusaciones se suman a una creciente serie de denuncias sobre la interferencia del régimen venezolano en asuntos internos de países vecinos, particularmente Colombia. Las declaraciones de la viuda de Uribe Turbay representan un nuevo capítulo en las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre funcionarios venezolanos y actividades criminales transfronterizas.

Las revelaciones de María Claudia Tarazona generan interrogantes sobre la profundidad de las investigaciones judiciales en torno al caso y la posibilidad de que existan evidencias que demuestren la implicación directa del gobierno madurista en el crimen. La acusación pública de la viuda busca presionar a las autoridades colombianas para que intensifiquen las pesquisas sobre posibles conexiones con el régimen venezolano.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original