Correo: [email protected] Luego de la intervención militar estadounidense que posibilitó la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, se esperaba que el acercamiento anunciado para iniciarse el pasado sábado 1 de agosto, entre el chavismo sobreviviente y una representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, aproximara el proceso político venezolano a una nueva fase. Sin embargo, tal fase, para bien o para mal, va a desarrollarse sin la participación de todos los actores del campo democrático venezolano. Solo el sector del partido Primero Justicia controlado por Julio Borges y el de Voluntad Popular dirigido por Leopoldo López se sentarán a negociar. Tal hecho podría impactar de manera sustancial en la dinámica, la representatividad, la legitimidad y los potenciales alcances del «diálogo» planteado. A fin de proyectar algunos posibles escenarios, repasemos los ejes de interés y las fuerzas en juego. El Ejecutivo del chavismo sobreviviente, encarnado en la persona de Delcy Rodríguez, tiene como prioridades estratégicas consolidar su gobernabilidad, lograr la desescalada de las sanciones económicas internacionales y obtener legitimidad internacional. Rodríguez busca proyectar la imagen de un «chavismo pragmático», sin arriesgar, hasta donde sea posible, su control de los aparatos de poder en el territorio de Venezuela. Los sectores de la oposición, muy probablemente, se enfocarán en utilizar el canal de interlocución para exigir reformas institucionales. Sus principales prioridades girarán en torno a garantías de seguridad para el retorno de líderes exiliados y el establecimiento de un cronograma electoral transparente, con un Consejo Nacional Electoral remozado. Los Estados Unidos, actuando como árbitro de facto, operarán en la dirección de garantizar los objetivos de la administración Trump, los cuales giran en torno al control energético regional, la contención del flujo migratorio hacia su territorio y el desplazamiento de la influencia de potencias rivales en
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