Foto captura pantalla Ig Zair Mundaray – referencial Voceros del ámbito jurídico, organizaciones no gubernamentales y representantes del gremio periodístico advirtieron que la propuesta de modificar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia resulta insuficiente, por lo que insistieron en la necesidad de avanzar hacia su derogación integral para frenar la persecución y restituir las garantías ciudadanas en el país. El debate surge a raíz de la solicitud introducida por el Ejecutivo para revisar la normativa promulgada en 2017, la cual ha dejado un registro de 927 personas acusadas formalmente por presunta incitación al odio, de acuerdo con las cifras documentadas por el Foro Penal. Una norma ambigua que castiga la libertad de expresión Especialistas en derecho y defensores de derechos humanos coinciden en que la estructura de la legislación contiene conceptos abstractos que otorgan una discrecionalidad absoluta a los operadores de justicia, facilitando la criminalización de la crítica política y el ejercicio periodístico. Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, calificó el texto como una herramienta engañosa diseñada para restringir el espacio cívico. «Es muy difícil saber exactamente qué es la promoción del odio. Porque además no tiene un tipo penal cerrado y completo, sino que lo deja a la discrecionalidad. Con esos recursos fraudulentos justifica que puedan meter presos a quien les dé la gana y por lo que les dé la gana», afirmó. Por su parte, el abogado Evelio Chávez, subcoordinador jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, señaló que una modificación parcial no resuelve los daños causados durante casi una década de vigencia, exigiendo además la revisión de los procesos y medidas cautelares que aún pesan sobre ciudadanos y activistas. Impacto en el periodismo y los medios de comunicación Desde el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), su secretaria general, Delvalle Canelón, rechazó que las a
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